Desde la promulgación de la Ley Nº 131 de diciembre de 2013, Panamá ha logrado posicionarse en muy poco tiempo como un centro internacional de arbitraje de renombre. Esta posición es indudablemente cercana a la posición geográfica de Panamá, además de las facilidades financieras que ofrece Panamá.
Además de lo anterior, Panamá tiene un gran potencial para convertirse en el centro de arbitraje internacional porque cuenta con la infraestructura adecuada, legislación moderna, excelentes comunicaciones y una larga tradición en asuntos jurídicos.
En materia marítima, el arbitraje ha avanzado de la misma manera, por lo tanto hay múltiples razones por las que hay árbitros de alto standing moral en Panamá.
El arbitraje en Panamá se considera de rango constitucional, razón por la cual una controversia se somete al acuerdo entre las partes a un árbitro o un tribuno de varios árbitros que dictan una decisión basada en la controversia y la decisión o decisión es de cumplimiento obligatorio.
