Una mezcla de indignación e impotencia fue lo que dejó en el corazón de la gran mayoría de los panameñas la decisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que tras revisar el progreso del marco regulatorio de Panamá y su eficacia en la implementación de las prácticas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, optó por incluir de nuevo a Panamá en el Documento de Cumplimiento y bajo monitoreo, la llamada "lista gris" de esa organización internacional.
Y no es por menor el malestar que generó esta decisión, ya que implica ignorar todos los esfuerzos y avances registrados por el país para adaptar sus normas e instituciones a las normas internacionales de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.
La lista de medidas emprendidas por el país es larga y demuestra el compromiso del Estado panameño de cumplir con las demandas de un mundo cada vez más globalizado y transparente, reforzando el marco regulatorio del sistema financiero y un gran número de el sector económico que antes no tenía que cumplir con las políticas de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales.
Pero analicemos los hechos en términos numéricos para hacerse una idea del trabajo realizado por Panamá: En el período 2012-2014, de las 49 recomendaciones hechas por Gafi sólo 4 se cumplieron, para un cumplimiento promedio del 8%, mientras que en el período 2017-2018, 45 recomendaciones se cumplieron 40 , para un cumplimiento medio del 87%.
Ahora veamos hechos concretos que muestran que Panamá no sólo limitó su marco regulatorio, sino que ha hecho progresos significativos en la supervisión de los agentes económicos llamados a implementarlos, lo que ha dado lugar a sanciones para aquellos que han incurrido en Culpa:
1. En la actualidad, la Superintendencia de Bancos de Panamá cuenta con 65 profesionales especializados en el área de prevención del blanqueo de capitales (250% de aumento), realizando 615 inspecciones (200% de aumento), ejecutando 67 procesos sancionadores y aplicando 30 sanciones por un total de 6 millones de dólares de 2015 a 2019.
2. La Intendencia de Supervisión y Regulación de Los Sujetos No Financieros se crea en abril de 2015, con la promulgación de la Ley 23 que regula 11 nuevos sectores. El equipo está formado por 55 profesionales que han recibido formación especializada y han realizado 485 supervisións centradas en sectores de alto riesgo. El Municipio ha llevado a cabo 68 procesos sancionadores e impuesto 16 sanciones por un total de $ 1 millón de 2015 a 2019.
3. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), autorizada en 2015 por la Ley 23, ha llevado a cabo 1.059 cooperaciones internacionales del beneficiario final.
4. El Ministerio Público aumentó de 28 a 118 (321%) las investigaciones de un delito anterior por lavado de dinero distinto del tráfico de drogas; reporta un aumento de 27 a 47 (74% de aumento) en las condenas en investigaciones de lavado de dinero y aumentó la cantidad de dinero incautado de $ 4 millones a $ 242 millones en los períodos 2012-2015 y 2016 – 2019.
5. En 2018, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 70 que criminaliza la evasión fiscal y fortalece el marco regulatorio sobre el beneficiario final.
Además, Panamá, en respuesta a las objeciones de Gafilat, se comprometió a reforzar la eficacia de los cambios realizados en su marco reglamentario y aplicará medidas como: Ismael Gerli
1. Fortalecer la Evaluación Nacional de Riesgos, incluyendo el riesgo de financiamiento del terrorismo y la delincuencia fiscal.
2. Identificar a los remitentes de dinero sin licencia, aplicando un enfoque basado en el riesgo en el sector no financiero y garantizando sanciones efectivas.
3. Garantizar la verificación y actualización de la información del beneficiario final y fortalecer mecanismos eficaces de seguimiento de las entidades offshore, evaluar los riesgos de uso indebido de las personas jurídicas y evitar el uso indebido de accionistas y directores nominales.
4. Garantizar el uso eficaz de los insumos generados por la UAF, demostrar una mayor capacidad para investigar el blanqueo de capitales que impliquen delitos fiscales extranjeros, proporcionar una mayor cooperación internacional con este tipo de delitos y continuar las investigaciones zonas de alto riesgo.
En conclusión: Panamá no sólo ha cumplido con la gran mayoría de las recomendaciones de Gafi, sino que se ha comprometido a profundizar su aplicación y eficacia, aunque sabemos que muchas de estas medidas pueden tener algunos impactos negativos para ciertos sectores económicos, pero atendiendo a los mejores intereses del país.
Por eso vale la pena preguntarse: ¿Qué más quiere gafi de Panamá? ¿Por qué, en lugar de reconocer el progreso del país, siguen presentando nuevas demandas? ¿En qué medida son legítimos estos requisitos? ¿Cuántos de los países que conforman Gafi cumplen con el 100% de las recomendaciones que la agencia exige a Panamá?
En cualquier caso, ya sabemos que Panamá tendrá un plazo de un año para cumplir con las recomendaciones pendientes, y con las que el Gafi desea establecer, dejar la "lista gris", por lo que corresponderá al presidente entrante, Laurentino Cortizo, definir un nuevo estrategia para hacer frente a esta situación y defender los intereses del país.
Editorial
Edición 942
Del 24 al 30 de junio de 2019
Capital financiero
